El Ministerio de Justicia se va quedando más sólo mientras guarda bajo cuatro llaves (vaya ejemplo de transparencia) el Informe elaborado por la consultora Gartner y sobre el que sustenta su propuesta de programa de gestión procesal único para toda la Administración de Justicia.
Esta semana que estamos terminando, el Gobierno de Aragón ha comunicado, a CSIF y al resto de organizaciones sindicales entre otros, que ha llegado a un acuerdo de colaboración con la empresa pública navarra TRACASA para incorporar el sistema de gestión procesal AVANTIUS a la Administración de Justicia aragonesa.
Según ha informado la Dirección General de Justicia del Gobierno de Aragón, el próximo día 21 de septiembre se celebrará una reunión con presencia de todos los afectados por el cambio de sistema, fundamentalmente empleados públicos, sindicatos, asociaciones y profesionales, para informar sobre las fases de implantación y los plazos tal y como hizo en su día Cantabria que en el año 2009 llegó a un acuerdo similar con esa empresa pública.
Con esta decisión Aragón, pondrá en marcha un sistema de gestión procesal integrado (que puede incluir Fiscalía, Instituto de Medicina Legal, módulo de actos de comunicación etc...) que ya funciona con bastante éxito en Navarra, Canarias y Cantabria bajo distintas denominaciones y desarrollos pero que comparten una misma base y estructura. Unos sistemas de gestión procesal que cumplen con todos los requisitos del llamado Test de Compatibilidad del CGPJ (ahora conocido con otro nombre pero que, en realidad, sirve para lo mismo: asegurar la interoperabilidad de los sistemas de gestión procesal en la Administración de Justicia).
Hace varios meses que existía el rumor de que Aragón, junto con otras CCAA, estaba planteándose la posibilidad de abandonar Minerva debido a los continuos fallos, la insuficiencia y la evidente obsolescencia del programa impulsado por el Ministerio de Justicia. Hoy se hace realidad pero con un matiz importante y una diferencia sustancial con Cantabria: se quedan con LexNET.
Se desconocen las razones que, por un lado, llevan a Aragón a defender la permanencia de LexNET cuyas ineficiencias, limitaciones y fallos son más que evidentes y que, por otro, han desaconsejado adoptar un sistema de comunicaciones judiciales distinto, basado en un concepto diferente de relación del programa con los usuariso del mismo, como el que tiene en marcha Cantabria integrado en su programa Vereda. Imagino que el próximo día 21 de septiembre habrá tiempo para preguntar sobre el particular y para que Aragón explique las razones que le han llevado a tomar esta, a priori, sorprendente decisión.
No obstante, la decisión de Aragón no es el problema sino un síntoma del mismo. El problema es el enrocamiento del Ministerio de Justicia en la defensa de programas obsoletos bajo el argumento resignado de que "es lo que hay" en vez de examinar las alternativas que existen y funcionan o que podrían existir; el problema es su insistencia en la propuesta de programa único de nuevo cuño, desterrando la coexistencia e interoperabilidad de varios sistemas de gestión procesal, basando su decisión en un informe "secreto" que sólo ha sido trasladado a las CCAA y que, según parece, ha sido duramente rebatido por algunas de ellas; el problema es su negativa a dar a conocer sus argumentos y exponerlos públicamente abriendo la participación real de todos quienes estamos implicados de forma directa en el funcionamiento de la Administración de Justicia; en este sentido, el problema es el portazo a la negociación colectiva inherente a los nuevas formas de trabajar, nuevas funciones y la necesidad de aprovechar el potencial de los empleados públicos a través de una auténtica gestión del cambio para incrementar el valor añadido de su trabajo en beneficio de los ciudadanos y el problema es esa actitud que considera que todos quienes critican Minerva, LexNET pretenden denostar los sistemas de la Justicia o que se descargue la responsabilidad por los fallos y agujeros al mensajero que los descubre y avisa de su existencia o que la ética sea la clave sobre la que se edifica la seguridad del complejo, diverso y heterogéneo sistema informático de gestión procesal del Ministerio. (ver aquí)
Más que el coraje, el valor y la decisión en la adopción drástica de medidas, la transparencia, la participación de los protagonistas del cambio y su implicación son las claves para el éxito de cualquier reforma organizativa y tecnológica y, mucho más, cuando se trata de un servicio público esencial como es la Administración de Justicia... y algo de sentido común también.
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