En las últimas semanas el Ministerio parece haberse decantado por la implantación de un sistema de gestión procesal único. Según parece esa es la conclusión a la que ha llegado tras recibir el informe elaborado por una consultora tecnológica (Gartner) y que fue encargado por el Ministerio para realizar un estudio comparativo de los diferentes sistemas de gestión procesal existentes con el objetivo de encontrar una solución a la diversidad de sistemas y, especialmente, su falta de interoperabilidad.
La decisión ha causado gran sorpresa en algunas CCAA que han sido muy críticas con el contenido del llamado Informe Gartner y así lo han hecho constar en las alegaciones que han remitido al Ministerio de Justicia. En la última Conferencia sectorial, órgano que reúne al Ministerio de Justicia con todas las CCAA que han recibido traspasos en la gestión de medios materiales y personales de la Administración de Justicia, no se pudo llegar a ningún acuerdo y quedaron muy claras dos posiciones antagónicas sobre este asunto. Por un lado están quienes, junto con el Ministerio de Justicia, defienden la existencia de un sólo programa en la Administración de Justicia y, por otro lado, quienes apuestan por permitir la existencia de diferentes sistemas de gestión procesal siempre y cuando sean interoperables.
En mi opinión, el sistema de gestión procesal único sólo sería posible si, en su momento, se hubiera reservado la competencia sobre esta cuestión al Estado. Hubiera sido perfectamente justificable esta reserva pues estos programas informáticos son la cara "b" de las normas procesales que por definición son de competencia estatal.
No obstante, no se hizo así y cada CCAA con traspasos en la gestión de medios materiales y personales de la Administración de Justicia tiene competencias para elegir e implantar su propio sistema de gestión procesal.
Por este motivo si el Ministerio de Justicia pretende que en toda la Administración de Justicia funcione un mismo programa/sistema de gestión procesal (o SGP), ahora, le toca convencer a las CCAA de que tiren por la borda toda la inversión millonaria realizada en ejercicio de sus competencias para la creación y desarrollo de su propio sistema de gestión procesal junto con todo el trabajo y esfuerzo empleados en la implantación de los mismos y la adaptación del personal. Unos SGP propios que, por lo general, funcionan bastante bien y que ahora deberían abandonar para apoyar una iniciativa de programa único con muchas incertidumbres pues se trata de un futurible que aún está por hacerse realidad y que exige otra importante inversión de dinero y de tiempo.
Por este motivo si el Ministerio de Justicia pretende que en toda la Administración de Justicia funcione un mismo programa/sistema de gestión procesal (o SGP), ahora, le toca convencer a las CCAA de que tiren por la borda toda la inversión millonaria realizada en ejercicio de sus competencias para la creación y desarrollo de su propio sistema de gestión procesal junto con todo el trabajo y esfuerzo empleados en la implantación de los mismos y la adaptación del personal. Unos SGP propios que, por lo general, funcionan bastante bien y que ahora deberían abandonar para apoyar una iniciativa de programa único con muchas incertidumbres pues se trata de un futurible que aún está por hacerse realidad y que exige otra importante inversión de dinero y de tiempo.
Parece razonable que haya CCAA que se resistan a cambiar una realidad que funciona por una mera promesa de algo que se dice es mejor pero que no se puede garantizar. Mucho más razonable parece la oposición de tres CCAA que, desde hace varios años, disponen de unos sistemas de gestión procesal, desarrollados sobre una misma base a partir de acuerdos de cooperación, que cumplen con los criterios de interoperabilidad exigidos (son los únicos SGP que los cumplen de todos los que hay en funcionamiento en la actualidad) y que han sido capaces de ir integrando, dentro del propio SGP sin ncesidad de tener un programa para cada cosa, todas las utilidades necesarias para el trabajo en los órganos, unidades, oficinas judiciales y fiscales desde la grabación de vistas hasta la integración del programa de Fiscalía pasando por la firma electrónica o la realización de actos de comunicación y presentación de escritos y documentos de forma telemática. Se trata de Atlante en Canarias, Avantius en Navarra y Vereda en Cantabria que han demostrado su capacidad para evolucionar y satisfacer las necesidades y requerimientos de la Administración de Justicia cosa que el Ministerio no ha conseguido, ni de lejos, con su complejo de programas varios (Minerva, LexNET, Fortuny, Asklepios...)
Con este escenario, frente a lo que sostiene el Ministerio, parecería razonable que se permitiera a las CCAA que eligieran sus sistemas de gestión procesal (sea el que sea, exista ya o se tenga que desarrollar) siempre y cuando cumplan con los criterios de interoperabilidad establecidos en el antes conocido como test de compatilidad del CGPJ y que pasó a manos del CETEAJE (Comité Estatal de de la Administración Judicial electrónica) este mismo año. Por cierto, esta es la solución que se venía sosteniendo desde el principio por el Ministerio y CGPJ tras el Libro Blanco y el Pacto por la Justicia solo que nunca se había aplicado realmente permitiendo la existencia de programas que no cumplían con esos criterios empezando por el del Ministerio de Justicia.
Posteriormente habrá que llegar a un acuerdo sobre la gestión y la seguridad de los datos personales y judiciales porque estas aplicaciones no son sino una enorme base de datos judiciales y personales que deben ser protegida de accesos indebidos, usos inapropiados y de ataques maliciosos.
Para terminar, no se puede seguir soslayando, como viene haciendo el Ministerio y muchas CCAA, la gestión del cambio. La implantación de las "nuevas" tecnologías implican cambios en la forma de trabajar y supone un reto para el personal que debe adaptarse y a quien se le debe ayudar en esa adaptación. Estas cuestiones deben tratarse en la mesa de negociación a través de la creación de un grupo de trabajo que permita establecer los objetivos y la forma en la que se aborda el reto del cambio.
En la Administración de Justicia no existe cultura digital porque nunca nadie se ha preocupado de ello, bien porque no hacía falta cuando se escribía a máquina con la vieja Olivetti 98; bien porque, cuando comenzaron a llegar los ordenadores no se formó al personal de forma adecuada ni se establecieron normas de buen uso y de mantenimiento de las bases de datos que se iban creando. La gestión del cambio, la implicación de los usuarios directos de los programas, especialmente, del personal de Justicia es tan importante o más que el propio programa o programas que se elijan.
Por todo lo anterior, sería interesante que el contenido del Informe Gartner se compartiera de forma oficial más allá de la Conferencia sectorial de Justicia para analizar sobre qué premisas se ha realizado, cómo se ha valorado cada uno de los sistemas de gestión procesal, qué programa de gestión procesal único se propone: si es de nueva creación o basado en alguno de los que ya están en funcionamiento y porqué se opta por una solución o por otra. Sería muy interesante, además, conocer la opinión de las CCAA, especialmente, de aquéllas que no comparten el contenido y la conclusión del informe.
No obstante, más allá de su interés, creo que ese informe debería ser público por varias razones que van desde su financiación pública y su relación directa con el funcionamiento de la Administración hasta por razones de coherencia. En este sentido se ha manifestado CSIF solicitando el informe para poder estudiarlo porque si de verdad se quiere llegar a un gran Pacto (o Estrategia Nacional de Justicia como se le llama ahora) por la modernización de la Justicia debe existir un debate abierto y transparente sobre todo lo que concierne a este proceso de reforma. Porque eso es lo que se pretende, ¿o no?.
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