sábado, 3 de septiembre de 2016

El babel informático en la Administración de Justicia

Muchas veces la verdad se encuentra en la simplicidad y el abogado José Muelas (@Josemuelas) describe de forma concisa  y clara la situación que vive la Administración de Justicia electrónica en un artículo publicado en el diario Confilegal titulado "España: la pesadilla de 10 sistemas de gestión procesal distintos que, en muchos casos, ni se hablan". Se trata de una denuncia que el sindicato CSIF ya hizo hace dos años en rueda de prensa y que sigue vigente, lamentablemente.

El babel informático en la Administración de Justicia tiene su pecado original en el momento en que se decidió iniciar el proceso de traspasos (que no transferencias) de medios personales y materiales de la Administración de Justicia. Un error inicial al que le han sucedido otros más recientes y que explican la situación actual. 

En mi opinión la Administración de Justicia nunca debió ser objeto de traspaso ni transferencia alguna ya que sirve a un Poder del Estado que, por definición, es único y al que todos los ciudadanos tienen el derecho de acceder en condiciones de igualdad con independencia de su lugar de residencia. Sin traspasos y habiendo hecho las cosas bien  durante 30 años (igual estoy pidiendo demasiado) , ahora tendríamos una Justicia más eficaz, más eficiente y mejor. No obstante, consagrada la doctrina del Tribunal Constitucional por la que se distinguió la "Administración de Justicia" de lo que denominó "administración de la Administración de Justicia" no hay más que hablar... hasta que cambie de opinión cosa poco probable. 

Aún así, acatando la decisión del Tribunal Constitucional, lo que NUNCA debió ser objeto de traspaso es la competencia sobre las herramientas informáticas y de telecomunicación para la gestión procesal. En mi opinión, estas herramientas constituyen la "cara b" de las leyes procesales y guardan una relación tan estrecha con ellas que no se deberían haber separado. Si las leyes procesales son de competencia exclusiva del Estado, las herramientas informáticas que sirven para su aplicación en el proceso también deberían haber quedado dentro de la esfera competencial del Estado.

Toda vez que, el Tribunal Constitucional dijo lo que dijo y que a nadie se le ocurrió, en su momento allá por los años 80, pararse a pensar en las consecuencias de traspasar la competencia sobre las herramientas de gestión procesal; estamos como estamos, sufriendo pesadillas como dice José Muelas en su artículo. 

Un programa de gestión procesal que merezca ese nombre debería abandonar los correos electrónicos como sistema de comunicación y considerar a todos los que participamos en el procedimiento como usuarios del programa al que accederíamos en función de nuestra participación en cada procedimiento. Esto no es una novedad, a modo de ejemplo, hoy, desde casa, podemos acceder a nuestra cuenta corriente tecleando nuestro usuario y contraseña y operar en la misma sin necesidad de enviarle un correo al banco para pedirle que nos haga una transferencia. Por su parte, el banco también puede comunicarse con nosotros colocando sus notificaciones tras una de las pestañas de la web a las que accedemos pulsando sobre ellas.  

Ese programa de gestión procesal, además, debe ser capaz de compartir información con independencia del lugar donde se genera y, para ello, todos los procedimientos deberían ser volcados en un mismo sitio para que todos los órganos judiciales puedan compartir la información. Es decir, los programas deben ser interoperables y cumplir una serie de requisitos para volcar los datos de una misma forma de tal manera que luego se puedan encontrar y utilizar por quien los requiera. 

Si alguno de los programas existentes no es capaz de dar respuesta a estas dos premisas habría que cambiarlo y, o bien buscar un programa nuevo para todos; o, quizá, lo mejor sería elegir alguno de los programas existentes que sí que los cumplen y funcionan razonablemente bien. Para eso viene bien el benchmarking al que hace referencia José Muelas en su artículo y que debería haberse hecho hace ya muchos años en el seno del CETEAJE, la comisión creada para la cooperación informática en la Administración de Justicia y del que forman parte los actores principales en la gestión procesal: Ministerio de Justicia, CGPJ, CCAA y Fiscalía General. 

Desde este punto de vista, no es tanto que se adopte un sistema informático único (solución ideal) sino que los existentes compartan estos dos principios pero, sobre todo, el segundo: que sean capaces de entenderse. 

¿Porqué no se hace nada al respecto?. Hay varias razones:

Una de ellas puede ser el principio de Hanlon al que hace referencia José Muelas aunque me consta que hay muchos profesionales muy competentes que trabajan intensamente para que todo funcione... a pesar de quienes toman las decisiones. Porque esto sólo se soluciona si hay voluntad política de solucionarlo a través de la participación, y no de la imposición.  

Otra tiene  su fundamento en el control sobre los datos que se generan en los procedimientos. Cuando se olvida que detrás hay un servicio público que prestar en el que millones de ciudadanos ponen en juego sus derechos; se olvida que los datos están para mejorar ese servicio público y no para hacer política judicial. Y que cuanta mayor calidad de esos datos mejor se puede gestionar ese servicio público. Es decir, la clave pasa porque todas las Administraciones compartan los datos, que se vuelcan y se extraen de un mismo sitio, para mejorar la prestación del servicio público garantizando, claro está, los derechos de los ciudadanos respecto de sus datos personales.

Otra razón, no menor, es económica. Algunas administraciones deberían hacer cuantiosas inversiones para poner en marcha un programa de gestión procesal capaz de cumplir con esas dos premisas. Hoy, capitales de provincia relativamente pequeñas de nuestro país, (no citaré ninguna para que no se me molesten) pueden tener hasta 7 servidores distintos de tal forma que los datos de procedimientos que se recurren a la Audiencia provincial deben volverse a registrar por ésta porque no se vuelcan automáticamente. Por otro lado, se suele oir como justificación por parte de responsables de las Administraciones competentes que "se ha invertido tanto en lo que tenemos que hay que amortizarlo". 

No obstante, es cierto que la situación económica no es buena pero cuando lo fue tampoco se hizo nada al respecto. Lo que está claro es que un buen servicio público precisa medios adecuados y, las inversiones iniciales son siempre cuantiosas y cuanto más tiempo se deje pasar más caras serán... y más dinero se perderá si seguimos gastando en unos programas que no sirven. Es necesario, pues adoptar cuanto antes, una visión a largo plazo y un consenso básico entre administraciones, entre partidos políticos, contando con Jueces, Fiscales, Letrados, resto de funcionarios y operadores jurídicos. 

Una visión a largo plazo no sólo para cuestiones informáticas sino también, en materia de dimensión de plantillas, organización judicial, formación, perfiles profesionales, carrera profesional, promoción, retribuciones, jornada, lugar de trabajo, conciliación etc... porque las TIC traen una revolución laboral a la que hay que anticiparse y saber reaccionar a tiempo y porque los cambios que imponen en la forma de trabajar deben contar con la participación de quienes van a ser sus protagonistas. No hay que confundir liderazgo con imposición. Hay que abrir la toma de decisiones a la participación de todos los que son protagonistas de esos cambios y debemos llevarlos a cabo. Si no será difícil lograr que las TIC se implanten con éxito.  Las TIC imponen cambios pero también deben traer ventajas para los actores de los mismos.  

Hay también, por último, una razón política, lo dije antes, todo nace de una decisión política y la solución sigue siendo política que exigiría sentido común, compromiso y que algunos dejaran de intentar ser importantes para ser útiles. (la frase no es mía, creo que la dijo Winston Churchill para describir uno de los males de su tiempo y, a juzgar por la actualidad, del nuestro también). Ceder competencias si es preciso para mejorar el servicio público en favor de los ciudadanos. Dejar de mirarse el ombligo o de ver la paja en el ojo ajeno, en vez la viga en el propio. Dejar de creer que mi programa es el mejor y que son los demás los que no están cumpliendo con los objetivos que se marcan porque que la Justicia funcione es responsabilidad de todos con independencia de quien tenga la competencia atribuida. (para esto también viene bien el benchmarking). 

Después de superar todos estos escollos hay que pensar también que la informática no es infalible. Los servidores se caen (no entiendo que les llamemos servidores cuando, en ocasiones, te dan la información cuando ellos quieren), las comunicaciones fallan y el ordenador, a veces, no reconoce la firma electrónica o el programa se queda bloqueado. En fin, que como se decía al final de "Con faldas y a lo loco", nadie es perfecto. 

Espero que, al finalizar estas líneas, el DIN A4 que Jose Muelas estaba tratando de enviar mientras escribía su artículo haya por fin llegado a su destino y que, de una vez por todas, nos paremos a reflexionar hacia donde vamos con esta torre de babel y qué es lo mejor para la Administración de Justicia, para que los que intervenimos en ella trabajemos mejor  y, sobre todo, para que los ciudadanos reciban un mejor servicio. Por desearlo y pedirlo que no quede. 












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