lunes, 18 de agosto de 2014

Desjudicialización y privatización del Registro civil, una falsedad más

El Ministerio de Justicia pretende intencionadamente ligar ambos conceptos para justificar su proyecto como si la primera condujera irremediablemente a la segunda; proposición que no dura ni cinco segundos en pie. 


Cuando se insiste en la necesidad de desjudicializar el Registro civil quizás algunos pasan por alto la simbiosis, beneficiosa para el ciudadano, de esa doble función, jurisdiccional y de Registro civil, de los órganos judiciales. Sobre todo, los fines de semana y festivos teniendo en cuenta el carácter hábil de todos los días del año en materia de Registro civil y, también, de algunos trámites cotidianos de enorme trascendencia para el ciudadano. 

Una compañera me comenta lo que le ha sucedido esta semana pasada. Está destinada en un Registro civil de esos que comparten funciones con un Juzgado, mixto a más señas. El viernes por la mañana, festivo, le llama el/la Secretario/a del Juzgado de guardia (no voy a dar más pistas), distinto del de mi compañera, para preguntarle quien y cómo entrega una licencia de enterramiento que le han solicitado. Mi compañera le explica al inexperto/a consultante, no se trata de una calificación peyorativa pues todos hemos sido inexpertos alguna vez y además se trata de un mal que se cura con el tiempo, que normalmente es el Juzgado de guardia el que se encarga de estas cuestiones y que seguro que los compañeros que están en el turno de guardia tienen los documentos necesarios, el papelito azul sobre todo,  para otorgar la licencia de enterramiento. 

La licencia de enterramiento tiene una enorme trascendencia tanto desde el punto de vista de salud pública como legal. Tanto es así que el enterramiento sin licencia constituye, como dirían los técnicos, parte del tipo objetivo del delito de inhumación ilegal. Por este motivo, se exige que se otorgue por determinada persona investida de esa potestad que debe observar un mínimo de cuidado a la hora de valorar las circunstancias de la solicitud y, sobre todo, verificar la aportación de toda la documentación conforme a los requisitos legales.

El hecho de que las funciones de Registro civil urgentes puedan ser asumidas por el Juzgado de guardia es un ejemplo de racionalización de recursos  en beneficio del ciudadano y que sólo se puede llevar a cabo si el Registro civil felizmente coincide con un órgano judicial y se aprovecha de las ventajas del sistema de guardia y la demarcación judicial existente. Es una pena que, para el Ministerio de Justicia la racionalización de recursos sólo sirva para amortizar plazas, privatizar servicios y no para aprovechar al máximo el capital humano que tiene la obligación de gestionar. 

Y es que este suceso me ha hecho volver a reflexionar sobre la desjudicialización y la privatización del Registro civil. El Ministerio de Justicia pretende intencionadamente ligar ambos conceptos para justificar su proyecto como si la primera condujera irremediablemente a la segunda; proposición que no dura ni cinco segundos en pie por falsa. Es decir, más concretamente, desjudicializar no quiere decir sacar a todos los funcionarios de Justicia del Registro civil sino que puede limitarse su efecto a sacar a los Jueces de este servicio para que se dediquen "a juzgar y a ejecutar lo juzgado".

Pero es que, además, la solución impuesta por el Gobierno plantea no pocas dudas y problemas prácticos, con un Registrador civil y mercantil por provincia, ¿quién va a atender estas actuaciones urgentes en fines de semana y festivos?, ¿el Registrador civil y mercantil de la provincia colindante?. Como encargado que es del Registro es el único legitimado para firmar esas licencias, ¿va a acudir el Registrador civil y mercantil a su oficina de Registro para otorgar la licencia de enterramiento o se va a encargar (delegar) esta función a personal no funcionario?. Y la cosa no queda aquí,  ¿Qué pasará cuando la defunción acaezca en uno de esos maravillosos pueblecitos  repartidos por nuestra geografía donde hasta ahora la licencia la otorgaba el Juez de Paz, tan bellos y pintorescos como alejados de la capital ?. ¿Quién pagará por la gestión de esta licencia?.

Por otro lado, esta simbiosis también se produce entre los órganos judiciales y el Registro civil que se beneficia de la demarcación judicial y de la red de Juzgados de Paz.  En efecto, fuera ya de la guardia, del fin de semana o del festivo, volviendo a lo cotidiano, en el caso de una fe de vida ¿deberá desplazarse el interesado a la sede del Registro civil y mercantil para que el Registrador pueda dar fe de que está "vivito y coleando" y, en consecuencia, puede seguir cobrando su pensión, por ejemplo?. Y no sólo la fe de vida, junto a este caso podríamos citar tantos otros expedientes y trámites de Registro civil que no pueden ser sustituidos por una plataforma digital por excelente que sea ya que exigen la presencia de los interesados o de otras personas (testigos) delante del encargado y para los que una demarcación de Registro civil como la actual facilita mucho su comparecencia en relación con la demarcación provincial que plantean los Registradores mercantiles. 

En fin, lo que el sucedido descrito, a mi juicio, pone en evidencia una vez más el proyecto privatizador del Ministerio de Justicia. No todo lo viejo del Registro civil es malo ni todo lo nuevo que se nos anuncia debe ser bueno por narices o por que lo diga un Real Decreto Ley. Es más, muchas de las cosas que se nos anuncian como ventajas ya podrían implementarse ahora y otras muchas podrían incorporarse si se cumpliera con el compromiso de dotar a los servicios públicos de medios suficientes en vez de ahogarlos para luego aparecer con la solución salvadora, eso sí, privatización mediante. Lejos de ser conceptos ligados por una relación de causalidad, desjudicialización y privatización son las dos caras de la misma moneda falsa que nos quieren vender desde el Ministerio de Justicia.

Por mucho que quieran vestirlo de "decisión política", es decir, por mucho que se quieran esconder en la mayoría y en el derecho a  escoger una opción entre varias posibles, la decisión vía decretazo del pasado 4 de julio, no deja de sustentarse en presupuestos falsos; pues parece evidente que hay mejores opciones de organización de un Registro civil moderno que no suponen la ruptura con el modelo actual al que sólo le hace falta que el político de turno le preste la atención suficiente que precisa desde su creación hace más de 140 años y que nunca le han dado a pesar de formar parte de su juramento o promesa del cargo. 

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