domingo, 9 de marzo de 2014

Sobre las nuevas tecnologías y la Administración de Justicia

Rescato unas manifestaciones del Secretario General del Ministerio de Justicia en julio de 2012 en la que denunciaba el caos informático en la Administración de Justicia acusando a las empresas de vender programas incorrectos y además añadía que debía ser el Ministerio de Justicia quien liderara y supervisara lo que estas empresas vendían. 

Pues bien, el problema no es de las empresas sino del propio Ministerio de Justicia y de las Comunidades autónomas que los compran sin exigir esa compatibilidad por desconocimiento o incluso por conveniencia..

En su día, hace muchos años, alguien decidió traspasar la gestión de los medios personales y materiales a las Comunidades autónomas por aquéllo de los pactos políticos y las cesiones a los nacionalistas con el beneplácito del Tribunal Constitucional.

El caso es que entre esos medios materiales traspasó la competencia sobre los programas de gestión procesal. Hubiera sido mucho más sencillo para todos que, el Estado representado en esta cuestión por el Ministerio de Justicia, hubiera guardado para sí esta competencia sobre los programas de gestión con un argumento bastante sencillo. El Estado tiene competencia exclusiva para dictar normas de contenido procesal; pues bien, los programas de gestión procesal son la cara informática de esas normas procesales y están íntimamente ligados a ellas. No se vio así y el resultado es que, Comunidad autónoma que conseguía los traspasos en materia de Justicia se ponía a contratar una empresa para comprarle un programa de gestión procesal propio y, por supuesto, el mejor de todos los programas de gestión procesal, no faltaba más. 

Así, pasaron los años. Algunas CCAA, las menos decidieron no gastarse el dinero en nuevos programas y siguieron con el del Ministerio hasta llegar a la situación actual de ocho plataformas distintas para hacer una misma cosa. Así, que a la hora de repartir culpas que cada palo aguante su vela. El Ministerio de Justicia perdió la ocasión de oro de liderar la introducción de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia  hace muchos años y, ahora, seguimos pagando ese error.  



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