domingo, 26 de junio de 2016

Y después del referendum, ¿qué?

El brexit deja un Reino Unido más desunido que nunca. El ajustado resultado del referendum invita a reflexionar si un cambio tan trascendental del "statu quo" de un país puede ser decidido por unos cuantos votos. 

En este sentido la petición de repetición de referendum que supera ya, claramente, los 3 millones de firmas, plantea una solución más lógica. Un porcentaje de votos de al menos el 60% con una participación de un 75% como mínimo. Es decir, como ocurre en otras materias, algunos acuerdos trascendentales exigen un quorum mínimo de votantes y una mayoría cualificada. De no hacerse así, se corre el riesgo de fracturar la sociedad por mitad como así ha ocurrido. Del mismo modo, no deja de ser revelador que el 7% de los votantes del brexit y el 4% de los que votaron permanecer en la UE estén ahora arrepentidos tan sólo 48 horas después de haber votado y tras una campaña de varios días donde, se supone, se les dio toda la información. Los datos no alteran el resultado del referendum pero ajustan aún más las posiciones.

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viernes, 24 de junio de 2016

El brexit


Las encuestas fallaron, daban un resultado igual en porcentaje (52% y 48%) pero invertido en la asignación a una opción u otra. Es la noticia del día, quizá del año o de la década, y ciertamente estamos ante un hecho histórico porque el Reino Unido será el primer país en dejar la Unión Europea desde su fundación (en forma de comunidad económica) hace unos 70 años. En mi opinión este referendum ha sido un enorme error político pues en la campaña, el populismo y demagogia de Farage y Boris Johnson, incluso con mentiras, se ha encontrado como pez en el agua frente al problema de defender la pertenencia a una organización abstracta y compleja como es la UE.

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jueves, 9 de junio de 2016

Catalá felicita a Jueces, Fiscales y Letrados por la revisión de las causas penales... ¿y al resto de la oficina?

Aunque no haya cifras oficiales y se manejen estimaciones del año 2014, a pesar de la polémica suscitada en los últimos días con peticiones de dimisión incluidas entre el Ministerio y la Fiscalía con asociaciones profesionales de ariete, ahora lo importante es cerrar filas y calmar los ánimos. Así, que enhorabuena a todos por el "magnífico" trabajo. 

Un momento, ¿a todos?.... No, a todos no. A los funcionarios de los Cuerpos generales que han intervenido en la recuperación, clasificación y remisión de estos expedientes a esos no. Una vez más sale a relucir uno de los principales handicaps de la modernización de la Justicia: el de no reconocer que el trabajo en las oficinas judiciales sale adelante con el esfuerzo y el trabajo de toda la oficina judicial. Esa idea de trabajo en equipo que está en el espíritu y en la letra de la NOJ-NOF y que se pierde en una idea corporativa de Justicia más propia del siglo XIX que del XXI. 

Y no sólo eso, es preciso reordenar las funciones dentro de la oficina judicial aprovechando el potencial de todos sus componentes, haciendo legal lo que ya es una realidad y es que no pocas veces los actos procesales se realizan de facto por personal que no tiene esa competencia reservándose tan solo la ficción de la firma lo que ralentiza sobremanera la tramitación de expedientes. Una reordenación de funciones unida a una reforma legal coherente que agilizaría la tramitación de los procedimientos y que permitiría mantener en la esfera de lo público todo el servicio de la Administración de Justicia en beneficio del ciudadano y de los propios funcionarios que verían reconocido su trabajo.   

miércoles, 18 de febrero de 2015

El rocambolesco asunto de las tasas judiciales y otros gastos del Ministerio

Parece de chiste pero no lo es, el Ministro de Justicia, a preguntas de un diputado dice que no sabe dónde están esos 512 millones recaudados por su Ministerio en concepto de tasa por el ejercicio de la actividad jurisdiccional pero que no tiene por qué saberlo y que tampoco en la Agencia Tributaria tienen que dar razón de su destino.  

Si, ya sé que existen dudas sobre la afectación de los ingresos por tasas pero no cabe duda de que existe una relación directa entre la tasa y su importe y el coste de servicio que se presta a cambio de ella. Incluso se habla de que la tasa financia el servicio que se presta. Y digo yo, que si la Administración de Justicia se molesta y emplea recursos en recaudar la tasa algo tendría que ver del pastel más cuando a los políticos, Ministro incluido, se les llena la boca con eso de modernizar la Administración de Justicia y dotarla de medios. 

El problema de la ley de Gallardón era la cuantía de las tasas y su generalización. Las tasas judiciales son constitucionales siempre y cuando sean proporcionadas y no impidan el ejercicio del derecho al libre acceso a la Justicia. Gallardón ya tuvo que modificar su propio texto dos meses después de entrar en vigor porque le sacaron los colores hasta la Defensora del Pueblo que es de su propio partido. Pero el texto actual sigue manteniendo tasas abusivas. 

Catalá lleva cinco meses anunciando que va a modificar la ley de tasas bajando la cuantía y estableciendo algunas excepciones. De momento, ayer ya adelantó que iba a suprimir la tasa de Pymes y autónomos. Muy bien,  pero los ciudadanos de a pié siguen esperando por lo suyo. Porque una casación se les puede ir por encima de los 3000 euros en tasas sumando la cuantía fija y la variable o una apelación a 2.800 euros sólo en tasas. Luego hay que sumar Abogado, Procurador y otros gastos. 

Todos hemos hecho ese ejercicio de imaginarnos que haríamos si nos tocara una cantidad importante en la lotería y, en este caso, podríamos trasladar este ejercicio a qué se podría hacer en Justicia con 512 millones suplementarios. Ahí van algunas ideas:

  • Abortar la privatización del Registro civil, profundizar en la renovación tecnológica y organizativa confiando en el potencial de los funcionarios de Justicia para modernizarlo. 
  • Cambiar el obsoleto programa de gestión procesal del Ministerio en vez de impulsar parches como el SIJ. 
  • Interconectar los Juzgados y Tribunales de todo el país y éstos con bases de datos externas sobre todo en materia penal. 
  • Mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios de Justicia con una formación adecuada y no una mera repetición de cursos de un plan de formación anodino y poco adaptado en la forma y en el contenido a las necesidades de una Administración de Justicia moderna, implantar la carrera administrativa para introducir la retribución por méritos en vez de potenciar los cargos de libre designación como se hace en la NOJ o mejorar las condiciones de las sedes judiciales para cumplir como mínimo las normas de prevención, seguridad e higiene... o dotar de mas medios materiales y personales y, en este caso, planificar los recursos humanos necesarios a medio plazo convocando plazas decentes todos los años. 

512 millones de euros que pueden dar para mucho... o no si seguimos empeñados en gastarnos 114.000 euros al año en abonar parking a coches particulares en el Tribunal Supremo. 

domingo, 23 de noviembre de 2014

Catalá se queda sin argumentos para defender al privatización del Registro civil

Después de leer el resultado de la mesa informativa del pasado 4 de noviembre entre el Ministerio de Justicia y los sindicatos del sector, ésta parece ser la conclusión más acertada. Cuando se recurre al argumento de autoridad es que no se tiene ningún otro y, en materia de Registro civil ha quedado acreditado que a este servicio público no le hacen falta intereses particulares de unos profesionales liberales como son los Registradores. 

Y digo que son profesionales liberales porque el Ministro Catalá sigue empeñado en agarrarse a la definición de la ley hipotecaria sin atender a que una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE determinó que los Registradores no son funcionarios públicos sino otra profesionales que tienen atribuida una función residual de gestión de impuestos. 


Pues bien, para el Sr. Ministro que parece que tiene flaca memoria o que, como estaba en la empresa privada, no se enteró del asunto:

1.- Desconozco si hubo o no hubo reacción pero no es lo mismo que una enmienda así la defienda un partido local como ERC a que la defienda un partido de Gobierno como ocurre ahora.

2.- De todos modos, la enmienda de ERC no decía exactamente lo que el Ministro manifiesta con tanta alegría. Por cierto, copiando lo peor de su antecesor que también utilizó este argumento.  

ERC presentó la enmienda número 39 al Proyecto de Ley de Registro Civil, en la proponía que se añadiera a la Ley una nueva Disposición Adicional Novena, con el siguiente texto «Cuando las necesidades del servicio lo exigieren podrán demarcarse oficinas del Registro Civil a cargo de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España anexas a los respectivos registros y en las localidades que se determinare en régimen de comisión de servicios o por Real Decreto en que se establecerá el contenido y régimen jurídico de la encomienda de gestión.». 

Lo que no decía Gallardón y ahora no dice Catalá es que la Ponencia encargada de redactar el Informe sobre el Proyecto de Ley del Registro Civil, integrada entre representantes de todos los Grupos parlamentarios incluidos el PP y ERC propuso el rechazo de dicha enmienda (BOCG de 03.05.2011), y que ni siquiera se sometió a debate o votación en la Comisión de Justicia del Congreso, en que se ratificó la ponencia (Diario del Congreso de los Diputados de 4 de mayo de 2011). 

2.- Esa enmienda fue rechazada por los dos partidos que, entonces, se turnaban en el poder. Rechazada pues tanto por PP como por PSOE porque la ley de Registro civil de 2011 fue aprobada con los votos de los dos partidos. Por cierto, una ley que al menos dejaba el Registro civil en manos de una Administración pública en el concepto que el Tribunal de Justicia de la UE ha determinado y que no contó con la unanimidad sindical que se pretende.  

3.-  Lo que sorprende de verdad es que el PP, pensando lo que piensa ahora, no se apuntara a la enmienda de ERC y votara a favor de la ley del PSOE. ¿Es a esto a lo que se le llama coherencia ideológica o quizá que en ese momento no convenía pues no se podía controlar el proyecto en la línea deseada?. 

4.- Respecto a que se  ha retomado la negociación con el Colegio de Registradores no nos engañemos y nos haga trampas. ¡Como si eso fuera una novedad!. La realidad es que este Gobierno nunca ha dejado de negociar con los Registradores y siempre lo ha hecho como ahora, en secreto, de forma opaca y sin considerar ni querer negociar alternativas reales que ya podrían estar en funcionamiento. Porque al Registro civil no le hacen falta los Registradores sino más bien al contrario y ese es el problema fundamental: los intereses de casta de un lobby profesional. 

El Registro civil funciona a satisfacción del ciudadano (ver informe AEVAL 2012) y podría hacerlo mucho mejor sin necesidad de privatizarlo si de verdad se velara por el interés general y se aprobaran las reformas legislativas necesarias, por ejemplo, en cualquiera de los casi 90 Reales Decretos Leyes que este gobierno ha aprobado en esta legislatura. 

4.- Que, lo que llama la atención y mucho es que, para justificar y defender lo indefendible, el Ministro de Justicia tenga que traer a colación una enmienda de un partido político independentista como ERC y que ese sea su principal argumento para defender la privatización.

Pues llevando la argumentación a otro terreno, ERC también propone la independencia de Cataluña y el Gobierno se opone a ella... al menos de momento porque visto lo visto, y de como cambia de opinión igual hay más sintonía de la que parece.  En ERC deben estar ojipláticos y esperanzados a la vez porque sus deseos igual están más cerca que nunca. 

jueves, 9 de octubre de 2014

Lesmes sigue preocupado con la idea de politización del CGPJ e insiste en la concentración de partidos judiciales

Parecen temas diversos pero tienen el mismo denominador se trata de las dos grandes reformas de Gallardón e materia judicial.

Por un lado, el cambio del sistema de elección de los vocales del Consejo. A este respecto hace bien el Presidente del Consejo en estar preocupado pues la reforma operada en el sistema de elección de vocales, además de estar en las antípodas de lo que el PP prometió en su programa electoral, no favorece, precisamente, que los ciudadanos tengamos una mejor opinión del Consejo General del Poder Judicial. 

En segundo lugar, Lesmes se muestra firme partidario de los Tribunales de Instancia algo que está detrás de esa concentración de partidos. Pero, el problema es que nadie ha argumentado porqué la justicia colegiada es mejor que la unipersonal. Los defensores de esta idea se limitan a decir que sería mejor pero no explican el porqué y un cambio tan radical de la Administración de Justicia en nuestro país exigiría un poco más de pedagogía y debate porque no se trata de imponer una organización judicial sino de ver si es o no apropiado y razonar porqué. Además, el proyecto de Gallardón de Justicia colegiada no es el único que existe. Basta con echar un vistazo a la doble primera instancia del tipo francés que sugirió, en 2011, la comisión de expertos para la reforma de la demarcación y planta.

Por otro lado, la reducción de partidos judiciales siempre ha estado en la mente del CGPJ con independencia de su composición. Recordemos la propuesta del año 2012 que suponía la eliminación de 232 partidos judiciales de un golpe. Una reforma bastante discutible aunque, todo hay que decirlo, estaba bastante más razonada que la que ahora se pretende. 

Además, ¿es sensato tener a la Administración de Justicia en una contínua convulsión reformista?. Reformar es bueno y a la Justicia de nuestro país le hace falta un buen cambio, pero cuando la NOJ y la NOF están como quien dice "en mantillas", cuando el expediente digital es una quimera y cuando los recursos siempre escasos, lo son ahora mucho más, exigen priorizar los objetivos; creo que es hora de ir a paso a paso y por su orden. 

Y una cuestión más, el Sr. Lesmes debería también preocuparse por el cambio en el régimen de imposición de costas en el orden contencioso administrativo que impide a los ciudadanos, especialmente a los funcionarios públicos en defensa de sus derechos laborales tan diezmados en los últimos años, acceder a la Justicia en condiciones de igualdad frente a la Administración pública que, además, cuenta con los privilegios de la presunción de legalidad y ejecutividad de sus actos.

Las disminución de pleitos en este orden jurisdiccional tiene mucho que ver con este lamentable cambio legal y no tanto con la ley de tasas y, alguien tendrá que poner el interés general y el derecho a la tutela judicial efectiva y al acceso a la justicia sobre el interés estadístico poniendo, entre otras cosas, los medios necesarios y removiendo obstáculos en vez de ponerlos en el camino de los sufridos ciudadanos. 

La CNMC rechaza la queja de los Registradores sobre la licitación del contrato de la plataforma digital del Registro civil

En realidad si unos lee la noticia, lo que ha dicho la CNMC (Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia) es que no es competente para resolverla, vamos que se quita de en medio declinando el asunto a los Juzgados de lo contencioso administrativo. 

Veremos qué pasa tras esta decisión, si es que se confirma pues el diario cita fuentes conocedoras de la tramitación de la denuncia, pues la decisión de los Registradores de recurrir judicialmente el decreto del Gobierno o no dependerá de de si el proyecto sigue adelante o no y en qué condiciones. El lunes parece que saldremos de dudas sobre las intenciones del nuevo Ministro al respecto aunque es cierto que el Dictamen del Consejo de Estado no habrá dejado indiferente al Colegio de Registradores que sale reforzado. 

De todos modos, sigue llamando la atención que quienes rechazaron públicamente hacerse cargo del Registro civil en las condiciones impuestas por Gallardón; ahora estén interesados en participar del proyecto. ¿Será que han cambiado las condiciones o que ya se ha visto donde está el dinero?.

Por otro lado, os enlazo una circular del sindicato CSIF que fija posición sobre el Registro civil a la espera de conocer los planes del Ministro Catalá. Esto no ha terminado.