sábado, 3 de septiembre de 2016

El babel informático en la Administración de Justicia

Muchas veces la verdad se encuentra en la simplicidad y el abogado José Muelas (@Josemuelas) describe de forma concisa  y clara la situación que vive la Administración de Justicia electrónica en un artículo publicado en el diario Confilegal titulado "España: la pesadilla de 10 sistemas de gestión procesal distintos que, en muchos casos, ni se hablan". Se trata de una denuncia que el sindicato CSIF ya hizo hace dos años en rueda de prensa y que sigue vigente, lamentablemente.

El babel informático en la Administración de Justicia tiene su pecado original en el momento en que se decidió iniciar el proceso de traspasos (que no transferencias) de medios personales y materiales de la Administración de Justicia. Un error inicial al que le han sucedido otros más recientes y que explican la situación actual. 

En mi opinión la Administración de Justicia nunca debió ser objeto de traspaso ni transferencia alguna ya que sirve a un Poder del Estado que, por definición, es único y al que todos los ciudadanos tienen el derecho de acceder en condiciones de igualdad con independencia de su lugar de residencia. Sin traspasos y habiendo hecho las cosas bien  durante 30 años (igual estoy pidiendo demasiado) , ahora tendríamos una Justicia más eficaz, más eficiente y mejor. No obstante, consagrada la doctrina del Tribunal Constitucional por la que se distinguió la "Administración de Justicia" de lo que denominó "administración de la Administración de Justicia" no hay más que hablar... hasta que cambie de opinión cosa poco probable. 

Aún así, acatando la decisión del Tribunal Constitucional, lo que NUNCA debió ser objeto de traspaso es la competencia sobre las herramientas informáticas y de telecomunicación para la gestión procesal. En mi opinión, estas herramientas constituyen la "cara b" de las leyes procesales y guardan una relación tan estrecha con ellas que no se deberían haber separado. Si las leyes procesales son de competencia exclusiva del Estado, las herramientas informáticas que sirven para su aplicación en el proceso también deberían haber quedado dentro de la esfera competencial del Estado.

Toda vez que, el Tribunal Constitucional dijo lo que dijo y que a nadie se le ocurrió, en su momento allá por los años 80, pararse a pensar en las consecuencias de traspasar la competencia sobre las herramientas de gestión procesal; estamos como estamos, sufriendo pesadillas como dice José Muelas en su artículo. 

Un programa de gestión procesal que merezca ese nombre debería abandonar los correos electrónicos como sistema de comunicación y considerar a todos los que participamos en el procedimiento como usuarios del programa al que accederíamos en función de nuestra participación en cada procedimiento. Esto no es una novedad, a modo de ejemplo, hoy, desde casa, podemos acceder a nuestra cuenta corriente tecleando nuestro usuario y contraseña y operar en la misma sin necesidad de enviarle un correo al banco para pedirle que nos haga una transferencia. Por su parte, el banco también puede comunicarse con nosotros colocando sus notificaciones tras una de las pestañas de la web a las que accedemos pulsando sobre ellas.  

Ese programa de gestión procesal, además, debe ser capaz de compartir información con independencia del lugar donde se genera y, para ello, todos los procedimientos deberían ser volcados en un mismo sitio para que todos los órganos judiciales puedan compartir la información. Es decir, los programas deben ser interoperables y cumplir una serie de requisitos para volcar los datos de una misma forma de tal manera que luego se puedan encontrar y utilizar por quien los requiera. 

Si alguno de los programas existentes no es capaz de dar respuesta a estas dos premisas habría que cambiarlo y, o bien buscar un programa nuevo para todos; o, quizá, lo mejor sería elegir alguno de los programas existentes que sí que los cumplen y funcionan razonablemente bien. Para eso viene bien el benchmarking al que hace referencia José Muelas en su artículo y que debería haberse hecho hace ya muchos años en el seno del CETEAJE, la comisión creada para la cooperación informática en la Administración de Justicia y del que forman parte los actores principales en la gestión procesal: Ministerio de Justicia, CGPJ, CCAA y Fiscalía General. 

Desde este punto de vista, no es tanto que se adopte un sistema informático único (solución ideal) sino que los existentes compartan estos dos principios pero, sobre todo, el segundo: que sean capaces de entenderse. 

¿Porqué no se hace nada al respecto?. Hay varias razones:

Una de ellas puede ser el principio de Hanlon al que hace referencia José Muelas aunque me consta que hay muchos profesionales muy competentes que trabajan intensamente para que todo funcione... a pesar de quienes toman las decisiones. Porque esto sólo se soluciona si hay voluntad política de solucionarlo a través de la participación, y no de la imposición.  

Otra tiene  su fundamento en el control sobre los datos que se generan en los procedimientos. Cuando se olvida que detrás hay un servicio público que prestar en el que millones de ciudadanos ponen en juego sus derechos; se olvida que los datos están para mejorar ese servicio público y no para hacer política judicial. Y que cuanta mayor calidad de esos datos mejor se puede gestionar ese servicio público. Es decir, la clave pasa porque todas las Administraciones compartan los datos, que se vuelcan y se extraen de un mismo sitio, para mejorar la prestación del servicio público garantizando, claro está, los derechos de los ciudadanos respecto de sus datos personales.

Otra razón, no menor, es económica. Algunas administraciones deberían hacer cuantiosas inversiones para poner en marcha un programa de gestión procesal capaz de cumplir con esas dos premisas. Hoy, capitales de provincia relativamente pequeñas de nuestro país, (no citaré ninguna para que no se me molesten) pueden tener hasta 7 servidores distintos de tal forma que los datos de procedimientos que se recurren a la Audiencia provincial deben volverse a registrar por ésta porque no se vuelcan automáticamente. Por otro lado, se suele oir como justificación por parte de responsables de las Administraciones competentes que "se ha invertido tanto en lo que tenemos que hay que amortizarlo". 

No obstante, es cierto que la situación económica no es buena pero cuando lo fue tampoco se hizo nada al respecto. Lo que está claro es que un buen servicio público precisa medios adecuados y, las inversiones iniciales son siempre cuantiosas y cuanto más tiempo se deje pasar más caras serán... y más dinero se perderá si seguimos gastando en unos programas que no sirven. Es necesario, pues adoptar cuanto antes, una visión a largo plazo y un consenso básico entre administraciones, entre partidos políticos, contando con Jueces, Fiscales, Letrados, resto de funcionarios y operadores jurídicos. 

Una visión a largo plazo no sólo para cuestiones informáticas sino también, en materia de dimensión de plantillas, organización judicial, formación, perfiles profesionales, carrera profesional, promoción, retribuciones, jornada, lugar de trabajo, conciliación etc... porque las TIC traen una revolución laboral a la que hay que anticiparse y saber reaccionar a tiempo y porque los cambios que imponen en la forma de trabajar deben contar con la participación de quienes van a ser sus protagonistas. No hay que confundir liderazgo con imposición. Hay que abrir la toma de decisiones a la participación de todos los que son protagonistas de esos cambios y debemos llevarlos a cabo. Si no será difícil lograr que las TIC se implanten con éxito.  Las TIC imponen cambios pero también deben traer ventajas para los actores de los mismos.  

Hay también, por último, una razón política, lo dije antes, todo nace de una decisión política y la solución sigue siendo política que exigiría sentido común, compromiso y que algunos dejaran de intentar ser importantes para ser útiles. (la frase no es mía, creo que la dijo Winston Churchill para describir uno de los males de su tiempo y, a juzgar por la actualidad, del nuestro también). Ceder competencias si es preciso para mejorar el servicio público en favor de los ciudadanos. Dejar de mirarse el ombligo o de ver la paja en el ojo ajeno, en vez la viga en el propio. Dejar de creer que mi programa es el mejor y que son los demás los que no están cumpliendo con los objetivos que se marcan porque que la Justicia funcione es responsabilidad de todos con independencia de quien tenga la competencia atribuida. (para esto también viene bien el benchmarking). 

Después de superar todos estos escollos hay que pensar también que la informática no es infalible. Los servidores se caen (no entiendo que les llamemos servidores cuando, en ocasiones, te dan la información cuando ellos quieren), las comunicaciones fallan y el ordenador, a veces, no reconoce la firma electrónica o el programa se queda bloqueado. En fin, que como se decía al final de "Con faldas y a lo loco", nadie es perfecto. 

Espero que, al finalizar estas líneas, el DIN A4 que Jose Muelas estaba tratando de enviar mientras escribía su artículo haya por fin llegado a su destino y que, de una vez por todas, nos paremos a reflexionar hacia donde vamos con esta torre de babel y qué es lo mejor para la Administración de Justicia, para que los que intervenimos en ella trabajemos mejor  y, sobre todo, para que los ciudadanos reciban un mejor servicio. Por desearlo y pedirlo que no quede. 












domingo, 26 de junio de 2016

Y después del referendum, ¿qué?

El brexit deja un Reino Unido más desunido que nunca. El ajustado resultado del referendum invita a reflexionar si un cambio tan trascendental del "statu quo" de un país puede ser decidido por unos cuantos votos. 

En este sentido la petición de repetición de referendum que supera ya, claramente, los 3 millones de firmas, plantea una solución más lógica. Un porcentaje de votos de al menos el 60% con una participación de un 75% como mínimo. Es decir, como ocurre en otras materias, algunos acuerdos trascendentales exigen un quorum mínimo de votantes y una mayoría cualificada. De no hacerse así, se corre el riesgo de fracturar la sociedad por mitad como así ha ocurrido. Del mismo modo, no deja de ser revelador que el 7% de los votantes del brexit y el 4% de los que votaron permanecer en la UE estén ahora arrepentidos tan sólo 48 horas después de haber votado y tras una campaña de varios días donde, se supone, se les dio toda la información. Los datos no alteran el resultado del referendum pero ajustan aún más las posiciones.

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viernes, 24 de junio de 2016

El brexit


Las encuestas fallaron, daban un resultado igual en porcentaje (52% y 48%) pero invertido en la asignación a una opción u otra. Es la noticia del día, quizá del año o de la década, y ciertamente estamos ante un hecho histórico porque el Reino Unido será el primer país en dejar la Unión Europea desde su fundación (en forma de comunidad económica) hace unos 70 años. En mi opinión este referendum ha sido un enorme error político pues en la campaña, el populismo y demagogia de Farage y Boris Johnson, incluso con mentiras, se ha encontrado como pez en el agua frente al problema de defender la pertenencia a una organización abstracta y compleja como es la UE.

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jueves, 9 de junio de 2016

Catalá felicita a Jueces, Fiscales y Letrados por la revisión de las causas penales... ¿y al resto de la oficina?

Aunque no haya cifras oficiales y se manejen estimaciones del año 2014, a pesar de la polémica suscitada en los últimos días con peticiones de dimisión incluidas entre el Ministerio y la Fiscalía con asociaciones profesionales de ariete, ahora lo importante es cerrar filas y calmar los ánimos. Así, que enhorabuena a todos por el "magnífico" trabajo. 

Un momento, ¿a todos?.... No, a todos no. A los funcionarios de los Cuerpos generales que han intervenido en la recuperación, clasificación y remisión de estos expedientes a esos no. Una vez más sale a relucir uno de los principales handicaps de la modernización de la Justicia: el de no reconocer que el trabajo en las oficinas judiciales sale adelante con el esfuerzo y el trabajo de toda la oficina judicial. Esa idea de trabajo en equipo que está en el espíritu y en la letra de la NOJ-NOF y que se pierde en una idea corporativa de Justicia más propia del siglo XIX que del XXI. 

Y no sólo eso, es preciso reordenar las funciones dentro de la oficina judicial aprovechando el potencial de todos sus componentes, haciendo legal lo que ya es una realidad y es que no pocas veces los actos procesales se realizan de facto por personal que no tiene esa competencia reservándose tan solo la ficción de la firma lo que ralentiza sobremanera la tramitación de expedientes. Una reordenación de funciones unida a una reforma legal coherente que agilizaría la tramitación de los procedimientos y que permitiría mantener en la esfera de lo público todo el servicio de la Administración de Justicia en beneficio del ciudadano y de los propios funcionarios que verían reconocido su trabajo.   

miércoles, 18 de febrero de 2015

El rocambolesco asunto de las tasas judiciales y otros gastos del Ministerio

Parece de chiste pero no lo es, el Ministro de Justicia, a preguntas de un diputado dice que no sabe dónde están esos 512 millones recaudados por su Ministerio en concepto de tasa por el ejercicio de la actividad jurisdiccional pero que no tiene por qué saberlo y que tampoco en la Agencia Tributaria tienen que dar razón de su destino.  

Si, ya sé que existen dudas sobre la afectación de los ingresos por tasas pero no cabe duda de que existe una relación directa entre la tasa y su importe y el coste de servicio que se presta a cambio de ella. Incluso se habla de que la tasa financia el servicio que se presta. Y digo yo, que si la Administración de Justicia se molesta y emplea recursos en recaudar la tasa algo tendría que ver del pastel más cuando a los políticos, Ministro incluido, se les llena la boca con eso de modernizar la Administración de Justicia y dotarla de medios. 

El problema de la ley de Gallardón era la cuantía de las tasas y su generalización. Las tasas judiciales son constitucionales siempre y cuando sean proporcionadas y no impidan el ejercicio del derecho al libre acceso a la Justicia. Gallardón ya tuvo que modificar su propio texto dos meses después de entrar en vigor porque le sacaron los colores hasta la Defensora del Pueblo que es de su propio partido. Pero el texto actual sigue manteniendo tasas abusivas. 

Catalá lleva cinco meses anunciando que va a modificar la ley de tasas bajando la cuantía y estableciendo algunas excepciones. De momento, ayer ya adelantó que iba a suprimir la tasa de Pymes y autónomos. Muy bien,  pero los ciudadanos de a pié siguen esperando por lo suyo. Porque una casación se les puede ir por encima de los 3000 euros en tasas sumando la cuantía fija y la variable o una apelación a 2.800 euros sólo en tasas. Luego hay que sumar Abogado, Procurador y otros gastos. 

Todos hemos hecho ese ejercicio de imaginarnos que haríamos si nos tocara una cantidad importante en la lotería y, en este caso, podríamos trasladar este ejercicio a qué se podría hacer en Justicia con 512 millones suplementarios. Ahí van algunas ideas:

  • Abortar la privatización del Registro civil, profundizar en la renovación tecnológica y organizativa confiando en el potencial de los funcionarios de Justicia para modernizarlo. 
  • Cambiar el obsoleto programa de gestión procesal del Ministerio en vez de impulsar parches como el SIJ. 
  • Interconectar los Juzgados y Tribunales de todo el país y éstos con bases de datos externas sobre todo en materia penal. 
  • Mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios de Justicia con una formación adecuada y no una mera repetición de cursos de un plan de formación anodino y poco adaptado en la forma y en el contenido a las necesidades de una Administración de Justicia moderna, implantar la carrera administrativa para introducir la retribución por méritos en vez de potenciar los cargos de libre designación como se hace en la NOJ o mejorar las condiciones de las sedes judiciales para cumplir como mínimo las normas de prevención, seguridad e higiene... o dotar de mas medios materiales y personales y, en este caso, planificar los recursos humanos necesarios a medio plazo convocando plazas decentes todos los años. 

512 millones de euros que pueden dar para mucho... o no si seguimos empeñados en gastarnos 114.000 euros al año en abonar parking a coches particulares en el Tribunal Supremo. 

domingo, 23 de noviembre de 2014

Catalá se queda sin argumentos para defender al privatización del Registro civil

Después de leer el resultado de la mesa informativa del pasado 4 de noviembre entre el Ministerio de Justicia y los sindicatos del sector, ésta parece ser la conclusión más acertada. Cuando se recurre al argumento de autoridad es que no se tiene ningún otro y, en materia de Registro civil ha quedado acreditado que a este servicio público no le hacen falta intereses particulares de unos profesionales liberales como son los Registradores. 

Y digo que son profesionales liberales porque el Ministro Catalá sigue empeñado en agarrarse a la definición de la ley hipotecaria sin atender a que una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE determinó que los Registradores no son funcionarios públicos sino otra profesionales que tienen atribuida una función residual de gestión de impuestos. 


Pues bien, para el Sr. Ministro que parece que tiene flaca memoria o que, como estaba en la empresa privada, no se enteró del asunto:

1.- Desconozco si hubo o no hubo reacción pero no es lo mismo que una enmienda así la defienda un partido local como ERC a que la defienda un partido de Gobierno como ocurre ahora.

2.- De todos modos, la enmienda de ERC no decía exactamente lo que el Ministro manifiesta con tanta alegría. Por cierto, copiando lo peor de su antecesor que también utilizó este argumento.  

ERC presentó la enmienda número 39 al Proyecto de Ley de Registro Civil, en la proponía que se añadiera a la Ley una nueva Disposición Adicional Novena, con el siguiente texto «Cuando las necesidades del servicio lo exigieren podrán demarcarse oficinas del Registro Civil a cargo de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España anexas a los respectivos registros y en las localidades que se determinare en régimen de comisión de servicios o por Real Decreto en que se establecerá el contenido y régimen jurídico de la encomienda de gestión.». 

Lo que no decía Gallardón y ahora no dice Catalá es que la Ponencia encargada de redactar el Informe sobre el Proyecto de Ley del Registro Civil, integrada entre representantes de todos los Grupos parlamentarios incluidos el PP y ERC propuso el rechazo de dicha enmienda (BOCG de 03.05.2011), y que ni siquiera se sometió a debate o votación en la Comisión de Justicia del Congreso, en que se ratificó la ponencia (Diario del Congreso de los Diputados de 4 de mayo de 2011). 

2.- Esa enmienda fue rechazada por los dos partidos que, entonces, se turnaban en el poder. Rechazada pues tanto por PP como por PSOE porque la ley de Registro civil de 2011 fue aprobada con los votos de los dos partidos. Por cierto, una ley que al menos dejaba el Registro civil en manos de una Administración pública en el concepto que el Tribunal de Justicia de la UE ha determinado y que no contó con la unanimidad sindical que se pretende.  

3.-  Lo que sorprende de verdad es que el PP, pensando lo que piensa ahora, no se apuntara a la enmienda de ERC y votara a favor de la ley del PSOE. ¿Es a esto a lo que se le llama coherencia ideológica o quizá que en ese momento no convenía pues no se podía controlar el proyecto en la línea deseada?. 

4.- Respecto a que se  ha retomado la negociación con el Colegio de Registradores no nos engañemos y nos haga trampas. ¡Como si eso fuera una novedad!. La realidad es que este Gobierno nunca ha dejado de negociar con los Registradores y siempre lo ha hecho como ahora, en secreto, de forma opaca y sin considerar ni querer negociar alternativas reales que ya podrían estar en funcionamiento. Porque al Registro civil no le hacen falta los Registradores sino más bien al contrario y ese es el problema fundamental: los intereses de casta de un lobby profesional. 

El Registro civil funciona a satisfacción del ciudadano (ver informe AEVAL 2012) y podría hacerlo mucho mejor sin necesidad de privatizarlo si de verdad se velara por el interés general y se aprobaran las reformas legislativas necesarias, por ejemplo, en cualquiera de los casi 90 Reales Decretos Leyes que este gobierno ha aprobado en esta legislatura. 

4.- Que, lo que llama la atención y mucho es que, para justificar y defender lo indefendible, el Ministro de Justicia tenga que traer a colación una enmienda de un partido político independentista como ERC y que ese sea su principal argumento para defender la privatización.

Pues llevando la argumentación a otro terreno, ERC también propone la independencia de Cataluña y el Gobierno se opone a ella... al menos de momento porque visto lo visto, y de como cambia de opinión igual hay más sintonía de la que parece.  En ERC deben estar ojipláticos y esperanzados a la vez porque sus deseos igual están más cerca que nunca. 

jueves, 9 de octubre de 2014

Lesmes sigue preocupado con la idea de politización del CGPJ e insiste en la concentración de partidos judiciales

Parecen temas diversos pero tienen el mismo denominador se trata de las dos grandes reformas de Gallardón e materia judicial.

Por un lado, el cambio del sistema de elección de los vocales del Consejo. A este respecto hace bien el Presidente del Consejo en estar preocupado pues la reforma operada en el sistema de elección de vocales, además de estar en las antípodas de lo que el PP prometió en su programa electoral, no favorece, precisamente, que los ciudadanos tengamos una mejor opinión del Consejo General del Poder Judicial. 

En segundo lugar, Lesmes se muestra firme partidario de los Tribunales de Instancia algo que está detrás de esa concentración de partidos. Pero, el problema es que nadie ha argumentado porqué la justicia colegiada es mejor que la unipersonal. Los defensores de esta idea se limitan a decir que sería mejor pero no explican el porqué y un cambio tan radical de la Administración de Justicia en nuestro país exigiría un poco más de pedagogía y debate porque no se trata de imponer una organización judicial sino de ver si es o no apropiado y razonar porqué. Además, el proyecto de Gallardón de Justicia colegiada no es el único que existe. Basta con echar un vistazo a la doble primera instancia del tipo francés que sugirió, en 2011, la comisión de expertos para la reforma de la demarcación y planta.

Por otro lado, la reducción de partidos judiciales siempre ha estado en la mente del CGPJ con independencia de su composición. Recordemos la propuesta del año 2012 que suponía la eliminación de 232 partidos judiciales de un golpe. Una reforma bastante discutible aunque, todo hay que decirlo, estaba bastante más razonada que la que ahora se pretende. 

Además, ¿es sensato tener a la Administración de Justicia en una contínua convulsión reformista?. Reformar es bueno y a la Justicia de nuestro país le hace falta un buen cambio, pero cuando la NOJ y la NOF están como quien dice "en mantillas", cuando el expediente digital es una quimera y cuando los recursos siempre escasos, lo son ahora mucho más, exigen priorizar los objetivos; creo que es hora de ir a paso a paso y por su orden. 

Y una cuestión más, el Sr. Lesmes debería también preocuparse por el cambio en el régimen de imposición de costas en el orden contencioso administrativo que impide a los ciudadanos, especialmente a los funcionarios públicos en defensa de sus derechos laborales tan diezmados en los últimos años, acceder a la Justicia en condiciones de igualdad frente a la Administración pública que, además, cuenta con los privilegios de la presunción de legalidad y ejecutividad de sus actos.

Las disminución de pleitos en este orden jurisdiccional tiene mucho que ver con este lamentable cambio legal y no tanto con la ley de tasas y, alguien tendrá que poner el interés general y el derecho a la tutela judicial efectiva y al acceso a la justicia sobre el interés estadístico poniendo, entre otras cosas, los medios necesarios y removiendo obstáculos en vez de ponerlos en el camino de los sufridos ciudadanos.